En el marco del debate por el Presupuesto 2026, la gestión de Maximiliano Pullaro ha adoptado una postura de honestidad política pero sin concesiones. A diferencia de otras provincias que aceptaron acuerdos rápidos, Santa Fe sostiene que los recursos de su Caja de Jubilaciones son innegociables.
Un argumento central a favor de Pullaro es que su reclamo no nace de una mala aministración provincial, sino de un derecho legal.
El gobernador destaca que Santa Fe hoy tiene equilibrio fiscal. Esto le da autoridad moral para exigir: “si nosotros ordenamos nuestras cuentas, la Nación debe cumplir con sus deudas legales.”
La deuda acumulada (stock) y el flujo mensual cortado unilateralmente en marzo de 2024 ascienden a casi $2 billones de pesos, suma que equivale a la construcción de cientos de escuelas o miles de kilómetros de rutas que hoy están paralizadas por la falta de envío de fondos nacionales.
Por otra parte, Pullaro no asistió solo a la audiencia con Nación; fue escoltado por los exgobernadores Antonio Bonfatti y Omar Perotti. Esta imagen de unidad transversal muestra que el reclamo no es un capricho personal de Pullaro, sino una política de Estado que une a socialistas, radicales y peronistas en defensa de la provincia.
Mientras otras provincias como Córdoba aceptaron montos fijos (cerca de $5.000 millones mensuales), Pullaro calificó esa oferta como “irrisoria”.
Aceptar un monto bajo hoy para sacarse la foto con la Casa Rosada sería traicionar el patrimonio futuro de los jubilados santafesinos. Su visión es a largo plazo.
