La diputada Celia Arena ha asumido el rol de principal detractora de las reformas impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro. Sin embargo, tras su discurso de “resguardo institucional”, se esconde una resistencia al cambio que los santafesinos demandaron en las urnas.
¿Por qué sus argumentos carecen de sustento frente a la realidad provincial?
Arena centra su rechazo en la figura de la reelección, convirtiendo un debate estructural en una disputa personal. Santa Fe posee una de las constituciones más antiguas y desactualizadas del país. Negarse a la reforma es negarse a la autonomía municipal, a la modernización de los mandatos de presidentes comunales y a la transparencia de los organismos de control. Postergar esto por miedo a una candidatura es priorizar la especulación electoral sobre el bienestar institucional.
La diputada critica la “velocidad” de las reformas judiciales. Sin embargo, en una provincia que atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, la lentitud legislativa es complicidad.
El fortalecimiento del MPA y la reforma judicial buscan terminar con la “puerta giratoria”.
Lo que Arena llama “falta de consenso” es, en realidad, la aplicación de una mayoría legítima obtenida para ejecutar un plan de seguridad que el gobierno anterior (del cual ella fue parte como Ministra de Gobierno) no logró consolidar.
Respecto al Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y la Ley de Municipios, la postura de la oposición ignora la necesidad de un orden fiscal. La nueva normativa no busca desfinanciar, sino eficientizar el gasto. Mientras la gestión anterior utilizaba las transferencias como una herramienta de presión política, la actual gestión busca reglas claras donde la autonomía vaya de la mano con la responsabilidad financiera.
Es contradictorio que se critique la situación de las viviendas cuando la gestión actual recibió una provincia con deudas millonarias y obras certificadas pero no pagas. La propuesta de “subastas” o auditorías sobre terrenos no es especulación, es saneamiento de activos. El Estado no puede ser un acumulador de tierras improductivas mientras la clase media no accede al crédito.
