Cuando los números de la violencia bajan, lo lógico sería que toda la sociedad lo celebre. Sin embargo, la reciente presentación del informe oficial del Gobierno de Santa Fe, que marca el nivel más bajo de violencia de género en los últimos 14 años, parece haber incomodado a quienes han hecho del monopolio del reclamo su principal herramienta de validación.
Los datos presentados por el Observatorio de Seguridad Pública son claros e irrefutables: durante 2025 se registraron 30 muertes violentas de mujeres, de las cuales 16 fueron catalogadas como homicidios por razones de género. Estos números no son producto del azar, sino la consecuencia directa de una política de seguridad que ha decidido enfrentar el delito y reducir la circulación de armas en las calles, particularmente en Rosario.
El sesgo de no reconocer el éxito ajeno
Frente a esta mejora estadística innegable, organizaciones como Mumalá rápidamente salieron a embarrar la cancha. Su argumento principal es que la baja de asesinatos de mujeres se debe “solo” a la caída de homicidios vinculados al narcotráfico y no a una disminución de la violencia machista íntima.
Este análisis no solo es forzado, sino que peca de una preocupante miopía. La violencia es un fenómeno integral. Cuando un gobierno logra pacificar los territorios, desarmar a las bandas y reducir drásticamente los homicidios generales y las balaceras, el primer grupo beneficiado son los sectores más vulnerables, entre ellos, las mujeres de los barrios más castigados. Intentar separar el descenso de la violencia urbana de la seguridad de las mujeres es desconocer cómo se vive la realidad territorial.
La lectura equivocada de los intentos
Otro de los cuestionamientos de la organización se centra en los 72 intentos de femicidio registrados, utilizándolos para oscurecer la baja en las muertes. Aquí hay un error conceptual grave: si aumentan las tentativas pero caen los homicidios consumados, lo que estamos viendo es un Estado que, con sus falencias a cuestas, está logrando intervenir a tiempo y salvar vidas. La articulación del 911, la línea 144 y la actuación del Ministerio Público de la Acusación están evitando que esas agresiones terminen en tragedias irreversibles.
Por supuesto que aún quedan desafíos inmensos. Que existan víctimas con denuncias previas que terminan siendo asesinadas nos demuestra que el sistema judicial y de protección debe seguir ajustándose. Pero negar el avance histórico logrado por la actual gestión provincial —simplemente porque los números positivos no encajan en el relato de ciertas organizaciones— no aporta soluciones, solo perpetúa el conflicto.
Las estadísticas están ahí, transparentes y elaboradas por agencias conjuntas del Estado. Restarles valor para mantener viva una narrativa de crisis permanente es, en el fondo, darle la espalda a una provincia que, paso a paso, está logrando recuperar la paz.
