Desde ámbitos opositores se plantea que el gobierno provincial de Santa Fe obtuvo un triunfo pírrico al desactivar el paro docente, sugiriendo un alto costo político a futuro. Sin embargo, esta interpretación omite un factor crucial: el mandato social actual prioriza el funcionamiento del Estado y la continuidad de los servicios básicos por encima de las lógicas sindicales tradicionales.
A la vez que se sugiere que usar el “aparato estatal” para desactivar la protesta desgasta al gobierno. Por el contrario, ejercer la autoridad para garantizar días de clase es exactamente lo que la mayoría del electorado demandó en las urnas. Un gobierno que logra mantener las escuelas abiertas (especialmente con asistencia casi total en el sector privado y alta en el público) demuestra capacidad operativa, no debilidad.
Históricamente, el verdadero desgaste político para los ejecutivos provinciales no proviene de confrontar a los gremios, sino de ceder sistemáticamente ante paros prolongados que paralizan la vida de las familias y vulneran el derecho a la educación de los estudiantes.
Existe una lectura invertida del “cambio social”. Existe un cambio cultural, pero la conclusión es equívoca. Si bien la tolerancia social a las medidas de fuerza es menor y la urgencia económica apremia, esto no juega a favor del reclamo gremial, sino de la postura oficial.
Las familias trabajadoras de hoy necesitan que la escuela funcione, no solo por la educación integral, sino como ordenador de la economía familiar.
Las imágenes de movilizaciones docentes demuestran capacidad de aparato gremial, pero no necesariamente reflejan el sentir de la “comunidad educativa” en su totalidad (padres y alumnos), quienes mayoritariamente celebran la escuela de puertas abiertas.
Hasta se animan a proponer no intentar desactivar el paro, mostrar números libremente y abrir debates públicos con micrófonos abiertos. ¡Qué ingenuidad política!
Negociar salarios del Estado frente a una cámara con micrófono abierto no resuelve los conflictos; los radicaliza. Fomenta la polarización y empuja a los líderes sindicales a endurecer posturas para no parecer débiles ante sus bases.
Ningún gobierno del mundo permite que se manifiesten sin intentar mitigar el impacto en los servicios. Gobernar es, en gran medida, administrar y contener las tensiones sectoriales para proteger a la mayoría no sindicalizada.
Hay un aspecto que quienes representan a la izquierda de juguete no tienen en cuenta y es el veredicto de las urnas que premia los resultados, no las huelgas.
El presentismo como activo. Si el gobierno de Maximiliano Pullaro y José Goity logra consolidar un calendario escolar sin interrupciones significativas, llegará a las elecciones con un logro tangible y transversal.
La memoria social. La sociedad recordará si sus hijos tuvieron clases o no. Las disputas salariales internas del sector público rara vez definen el voto del ciudadano de a pie, quien evalúa la gestión por su capacidad de mantener la paz social, la seguridad y los servicios funcionando.
La oposición romantiza la protesta docente y subestima la demanda ciudadana por un Estado eficiente. El gobierno no compite en fuerza con los sindicatos por capricho, sino para recuperar la rectoría del sistema educativo que durante años estuvo condicionada por el calendario de huelgas.
